Los Magistrados Manuel Gutiérrez Luna, Juan Carlos Hernández Oliveros y Ana María Rubio Encinas, hicieron la Tribuna Kanguro y prevaricarón el el Caso Marcos en Algeciras.
Una Historia de terror:
En un Estado de Derecho Sano, la Justicia es la herramienta que permite mantener limpio y en correcto estado de funcionamiento el sistema institucional. Los ciudadanos necesitamos poder creer que el Poder Judicial de nuestro país no sirve al Poder, sino a la Justicia. De hecho, ahora mismo, muchos de nosotros andamos esperanzados en que sea la Justicia la que libre a nuestro país de este execrable Gobierno de Pedro y su Vergogna que nos encamina hacia Venezuela.
Desgraciadamente, en España la Justicia ha estado contaminada desde tiempos inmemoriales. En la Dictadura se puede entender, porque dictadura fue. En la Transición de la UCD por la inercia. Pero lo que ha ido sucediendo con la Justicia durante los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez, no tiene excusa…
Encabezada por el Tribunal Supremo y su cúpula de gobierno, nuestra Justicia siempre se ha mostrado servil con el Poder Político y cómplice para tapar sus trapos sucios mutuos. Un escándalo de corrupción tras otro sin apenas condenas; plazos prescritos; oportunos fallos judiciales mil veces repetidos, pero solo para miembros de las castas judicial y política; un sinfín de casos flagrantes archivados; condenas indultadas sin réplica judicial… La lista es tan interminable como dramática, porque lejos de sanear nuestro Sistema Social, durante décadas, el Poder Judicial ha sido el principal responsable de su corrupción y decadencia.
Aún hay ciudadanos que se aferran a su confianza en la Justicia, para mantener su esperanza en la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. Su fe se basa en que la “Independencia Judicial” a veces aflora en algún magistrado honrado que antepone su vocación a las presiones que recibe y a su propio interés personal. Pero el Poder Político ya no se quiere arriesgar a esos brotes esporádicos de honestidad judicial y ha emprendido todas las medidas posibles para invadir el Judicial y apropiarse de su funcionamiento y sus órganos de gobierno. Eso ha desatado una feroz batalla entre ambos poderes, de la que los ciudadanos podríamos resultar muy beneficiados, siempre que se resuelva con una profunda limpieza de toda la corrupción en nuestro Sistema Social, tanto política como judicial, y no solo la que le interese a un grupo de poder concreto.
El ejemplo paradigmático de la actual “Guerra de Poderes” viene representado por la contienda entre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, representando al Poder Judicial y los fiscales General del Estado (FGE) y Jefe de Madrid (FJM) representando al Poder Ejecutivo. El Supremo ha procesado a estos por un delito de revelación de secretos, para cuya investigación no ha dudado en emplear herramientas tan intrusivas como el registro del despacho del FGE.
En un Estado de Derecho Sano, la Justicia es la herramienta que permite mantener limpio y en correcto estado de funcionamiento el sistema institucional. Los ciudadanos necesitamos poder creer que el Poder Judicial de nuestro país no sirve al Poder, sino a la Justicia. De hecho, ahora mismo, muchos de nosotros andamos esperanzados en que sea la Justicia la que libre a nuestro país de este execrable Gobierno de Pedro y su Vergogna que nos encamina hacia Venezuela.
Desgraciadamente, en España la Justicia ha estado contaminada desde tiempos inmemoriales. En la Dictadura se puede entender, porque dictadura fue. En la Transición de la UCD por la inercia. Pero lo que ha ido sucediendo con la Justicia durante los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez, no tiene excusa…
Encabezada por el Tribunal Supremo y su cúpula de gobierno, nuestra Justicia siempre se ha mostrado servil con el Poder Político y cómplice para tapar sus trapos sucios mutuos. Un escándalo de corrupción tras otro sin apenas condenas; plazos prescritos; oportunos fallos judiciales mil veces repetidos, pero solo para miembros de las castas judicial y política; un sinfín de casos flagrantes archivados; condenas indultadas sin réplica judicial… La lista es tan interminable como dramática, porque lejos de sanear nuestro Sistema Social, durante décadas, el Poder Judicial ha sido el principal responsable de su corrupción y decadencia.
Aún hay ciudadanos que se aferran a su confianza en la Justicia, para mantener su esperanza en la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. Su fe se basa en que la “Independencia Judicial” a veces aflora en algún magistrado honrado que antepone su vocación a las presiones que recibe y a su propio interés personal. Pero el Poder Político ya no se quiere arriesgar a esos brotes esporádicos de honestidad judicial y ha emprendido todas las medidas posibles para invadir el Judicial y apropiarse de su funcionamiento y sus órganos de gobierno. Eso ha desatado una feroz batalla entre ambos poderes, de la que los ciudadanos podríamos resultar muy beneficiados, siempre que se resuelva con una profunda limpieza de toda la corrupción en nuestro Sistema Social, tanto política como judicial, y no solo la que le interese a un grupo de poder concreto.
El ejemplo paradigmático de la actual “Guerra de Poderes” viene representado por la contienda entre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, representando al Poder Judicial y los fiscales General del Estado (FGE) y Jefe de Madrid (FJM) representando al Poder Ejecutivo. El Supremo ha procesado a estos por un delito de revelación de secretos, para cuya investigación no ha dudado en emplear herramientas tan intrusivas como el registro del despacho del FGE.
En un Estado de Derecho Sano, la Justicia es la herramienta que permite mantener limpio y en correcto estado de funcionamiento el sistema institucional. Los ciudadanos necesitamos poder creer que el Poder Judicial de nuestro país no sirve al Poder, sino a la Justicia. De hecho, ahora mismo, muchos de nosotros andamos esperanzados en que sea la Justicia la que libre a nuestro país de este execrable Gobierno de Pedro y su Vergogna que nos encamina hacia Venezuela.
Desgraciadamente, en España la Justicia ha estado contaminada desde tiempos inmemoriales. En la Dictadura se puede entender, porque dictadura fue. En la Transición de la UCD por la inercia. Pero lo que ha ido sucediendo con la Justicia durante los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez, no tiene excusa…
Encabezada por el Tribunal Supremo y su cúpula de gobierno, nuestra Justicia siempre se ha mostrado servil con el Poder Político y cómplice para tapar sus trapos sucios mutuos. Un escándalo de corrupción tras otro sin apenas condenas; plazos prescritos; oportunos fallos judiciales mil veces repetidos, pero solo para miembros de las castas judicial y política; un sinfín de casos flagrantes archivados; condenas indultadas sin réplica judicial… La lista es tan interminable como dramática, porque lejos de sanear nuestro Sistema Social, durante décadas, el Poder Judicial ha sido el principal responsable de su corrupción y decadencia.
Aún hay ciudadanos que se aferran a su confianza en la Justicia, para mantener su esperanza en la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. Su fe se basa en que la “Independencia Judicial” a veces aflora en algún magistrado honrado que antepone su vocación a las presiones que recibe y a su propio interés personal. Pero el Poder Político ya no se quiere arriesgar a esos brotes esporádicos de honestidad judicial y ha emprendido todas las medidas posibles para invadir el Judicial y apropiarse de su funcionamiento y sus órganos de gobierno. Eso ha desatado una feroz batalla entre ambos poderes, de la que los ciudadanos podríamos resultar muy beneficiados, siempre que se resuelva con una profunda limpieza de toda la corrupción en nuestro Sistema Social, tanto política como judicial, y no solo la que le interese a un grupo de poder concreto.
El ejemplo paradigmático de la actual “Guerra de Poderes” viene representado por la contienda entre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, representando al Poder Judicial y los fiscales General del Estado (FGE) y Jefe de Madrid (FJM) representando al Poder Ejecutivo. El Supremo ha procesado a estos por un delito de revelación de secretos, para cuya investigación no ha dudado en emplear herramientas tan intrusivas como el registro del despacho del FGE.
En un Estado de Derecho Sano, la Justicia es la herramienta que permite mantener limpio y en correcto estado de funcionamiento el sistema institucional. Los ciudadanos necesitamos poder creer que el Poder Judicial de nuestro país no sirve al Poder, sino a la Justicia. De hecho, ahora mismo, muchos de nosotros andamos esperanzados en que sea la Justicia la que libre a nuestro país de este execrable Gobierno de Pedro y su Vergogna que nos encamina hacia Venezuela.
Desgraciadamente, en España la Justicia ha estado contaminada desde tiempos inmemoriales. En la Dictadura se puede entender, porque dictadura fue. En la Transición de la UCD por la inercia. Pero lo que ha ido sucediendo con la Justicia durante los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez, no tiene excusa…
Encabezada por el Tribunal Supremo y su cúpula de gobierno, nuestra Justicia siempre se ha mostrado servil con el Poder Político y cómplice para tapar sus trapos sucios mutuos. Un escándalo de corrupción tras otro sin apenas condenas; plazos prescritos; oportunos fallos judiciales mil veces repetidos, pero solo para miembros de las castas judicial y política; un sinfín de casos flagrantes archivados; condenas indultadas sin réplica judicial… La lista es tan interminable como dramática, porque lejos de sanear nuestro Sistema Social, durante décadas, el Poder Judicial ha sido el principal responsable de su corrupción y decadencia.
Aún hay ciudadanos que se aferran a su confianza en la Justicia, para mantener su esperanza en la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. Su fe se basa en que la “Independencia Judicial” a veces aflora en algún magistrado honrado que antepone su vocación a las presiones que recibe y a su propio interés personal. Pero el Poder Político ya no se quiere arriesgar a esos brotes esporádicos de honestidad judicial y ha emprendido todas las medidas posibles para invadir el Judicial y apropiarse de su funcionamiento y sus órganos de gobierno. Eso ha desatado una feroz batalla entre ambos poderes, de la que los ciudadanos podríamos resultar muy beneficiados, siempre que se resuelva con una profunda limpieza de toda la corrupción en nuestro Sistema Social, tanto política como judicial, y no solo la que le interese a un grupo de poder concreto.
El ejemplo paradigmático de la actual “Guerra de Poderes” viene representado por la contienda entre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, representando al Poder Judicial y los fiscales General del Estado (FGE) y Jefe de Madrid (FJM) representando al Poder Ejecutivo. El Supremo ha procesado a estos por un delito de revelación de secretos, para cuya investigación no ha dudado en emplear herramientas tan intrusivas como el registro del despacho del FGE.
El Tejido Institucional de base no es ajeno a esta trama de irregularidades partidarias que infesta su cúpula, sino que, por el contrario, su implicación es la que la alimenta y sostiene. Sin embargo, en el caso del FGE, se está viendo obligado a tomar partido por uno de los bandos. Así vemos cómo el Colegio de Abogados de Madrid, un Órgano Colegial caracterizado por sus sistemáticos “carpetazos” a las reclamaciones por irregularidades cometidas por cargos públicos, en esta investigación se encuentra personada como parte activa.
En lo referente a este asunto contra el FGE, los ciudadanos de a pie necesitamos confiar en que el Poder Judicial actuará defendiendo el interés general, si bien podría suceder que su intención no sea esa, sino sola y exclusivamente la de defender a su propio feudo del asedio del Poder Ejecutivo. Cabe decir esto porque, aunque la opinión pública se esfuerce en ignorarlo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún mantiene su escudo corporativista en una gran cantidad de asuntos, mucho menos mediáticos.
Vamos a comentar aquí uno de esos asuntos, en el que se cometió el mismo tipo de delito de revelación de secretos que el FGE, pero por parte de otros fiscales. A diferencia de aquel, éste está a punto de prescribir en las puertas del Supremo, enterrado con la ayuda del Colegio de Abogados de Madrid.
